El Juzgado Especializado de la mujer envió a juicio a los 12 miembros de la Policía Nacional Civil y a dos civiles procesados en el caso del asesinato de la agente Carla Ayala. Es importante destacar que en este proceso no se conoce la acusación por feminicidio en contra de Samurái.

El juzgado determinó que los procesados pasaran a juicio manteniendo las medidas. Además la jueza ha declarado rebeldía para Juan Josué Castillo Arévalo, alias «Samurái»; principal sospechoso del asesinato de Ayala.

Según La Fiscalía General de la República, la jueza dijo que aunque los policías manifestaron armar un plan para capturar a «Samurái», la intención nunca fue hacerlo y tampoco velaron por la integridad de Carla Ayala.

El representante del Ministerio Público también detalló que dentro del plan policial, nunca se activaron retenes entre San Salvador y San Francisco Javier, que fue el recorrido hecho por Arévalo, después herir con arma de fuego a Carla Ayala.

La Fiscalía además aseguró que la jueza determinó que dentro del Grupo de Reacción Policial ( GRP) hubo lealtad hacia Castillo Arévalo y esto fue lo que garantizó su fuga.

Al imputado Edwin Esquivel, procesado en el caso Carla Ayala, se le venció la detención provisional; sin embargo, no quedará libre porque tiene un proceso abierto en un juzgado de San Miguel.

Los 12 policías procesados fueron detenidos en junio de 2018, seis meses después del crimen contra Ayala.
Las investigaciones indican que Flores Castro la invitó a la fiesta de fin de año que se realizó la noche el 28 de diciembre de 2017. El festejo, en el que los asistentes tomaron licor, fue en la base donde funcionó el GRP, en la residencial San Fernando, al sur de San Salvador.

En la madrugada, “Samurái”, y dos compañeros recibieron la orden de llevar a la víctima a su casa, en Apopa. En el trayecto, según la Fiscalía, Castillo le disparó en la cabeza a Ayala, sin que sus colegas lo detuvieran; después los dejó en el GRP y huyó con Ayala.

El cadáver de la policía fue hallado nueve meses después en una fosa en un cantón de San Francisco Javier, Usulután.

El feminicidio de Ayala llevó a la PNC a desintegrar el GRP, el principal grupo élite de la institución.

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